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Senador Carlos Bianchi solicitó a Contraloría iniciar investigación para establecer responsabilidades por incumplimiento de contrato por transporte público en Punta Arenas.

A requerimiento de los trabajadores y usuarios del sistema de transporte público mayor de pasajeros de la comuna de Punta Arenas, el cual es subsidiado por el Estado, el Senador Carlos Bianchi, solicitó la intervención de la Contraloría General de la República.

En la parte medular del oficio despachado por la Mesa del Senado, el parlamentario magallánico, pide “fiscalizar el cumplimiento del contrato de licitado de transporte público de pasajeros que rige en la comuna de Punta Arenas entre el Estado y la empresa Inversiones Australes SPA, cuya vigencia es entre el 05 de enero de 2017 y el 05 de enero del año 2022, recibiendo los correspondientes recursos públicos por subsidio.”

Bianchi explicó, a lo menos durante el último año, las autoridades regionales y sectoriales tenido conocimiento de una serie de incumplimientos de la empresa operadora del Servicio, es así como los primeros reclamos surgieron producto del no cumplimiento con los recorridos de los buses, el cual se fue acentuando.

A modo de ejemplo, el estándar de operación era de a lo menos 70 micros en los horarios punta, de acuerdo a lo que estableció el contrato, sin embargo, a la fecha están en funcionamiento del orden de 30 máquinas, las que además presentan a diario diversos problemas mecánicos con los consiguientes riesgos para sus conductores y usuarios.

El senador Bianchi añadió que “La propia secretaria regional ministerial de Transportes de la región ha informado a través de los medios de comunicación que durante el año 2017 se cursaron 46 infracciones. El año 2018 fueron 95 y alrededor de la misma cifra durante el año 2019.”

En el documento remitido a Contraloría se puntualiza que “Si bien se han conocido, compromisos para mantener la continuidad del servicio de transportes, a la fecha estos no se han concretado y por el contrario han aumentado la incertidumbre laboral de los trabajadores de la empresa operadora que además han denunciado formalmente las malas condiciones en que se encuentran las máquinas y las prácticas que se tienen efectúan para aparecer cumpliendo recorridos para poder cobrar el subsidio.

La empresa Inversiones Australes SPA ha señalado tener serios problemas financieros que lo ha llevado a incumplimientos, en ese contexto la última información que se conoció para supuestamente dar solución a los dificultades operacionales de la empresa, fue que durante el mes de diciembre del año 2019 se realizaría una cesión de contrato a la operadora Asendal, filial de la empresa inglesa Tower Transit, la que iba a asumir el control de Vía Austral en Punta Arenas para continuar la ejecución de la licitación, sin embargo aquello a la fecha, no se ha concretado.

Sumado a lo anterior, los trabajadores mantienen la incertidumbre respecto a su fuente laboral, principalmente por el no pago y solo declaración de sus imposiciones. Ante esta situación desde el Ministerio de Transportes se han respondido oficios al Senador Bianchi, donde se señala respecto a este último punto que no existiría incumbencia de dicho ministerio por cuanto se trata de una empresa privada la que contrata y presta el servicio.

“El diputado Karim Bianchi sostendrá un encuentro con la Ministra de Transporte buscando una solución y nosotros para poder apoyar la función del diputado, lo que hemos hecho ahora a través de la Contraloría Nacional es pedir una profunda investigación para se investigue la correcta asignación de los fondos públicos que el Estado de Chile, el Gobierno regional de la Región de Magallanes le ha pasado a la empresa y los trabajadores están sin algunos de sus pagos y lo más complejo es que existe un eminente riesgo, un peligro diario permanente tanto para los choferes como para los pasajeros de los buses que están en pésimas condiciones.

Por lo anterior dijo el senador Bianchi, se solicitó al ente contralor hacer uso de sus facultades y realizar la investigación correspondiente, a fin de establecer las responsabilidades que pudiesen corresponder respecto al cumplimiento del contrato y uso de los recursos públicos comprometidos.

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